El fiscal Rubén Balda manifestó que a raíz de una denuncia que presentó la madre de la víctima se pudo capturar al sospechoso. 

“El hombre había captado a la víctima para prostituirla en varios burdeles de Manta y después la llevó a trabajar a la frontera de Perú”, expresó Balda. 

Sin embargo, la detención de A.C. se produjo cuando había regresado a Manta y quedó procesado en la Fiscalía por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. 

Los jueces del Sexto Tribunal de Garantías Penales de Manabí lo sentenciaron por un testimonio que rindió la víctima donde decía que era obligada a trabajar en prostíbulos. 

El fiscal explicó que en el juicio también presentó un informe sobre la extracción de información del celular del procesado, donde se revelaba que tenía sometida a la mujer.  “Incluso había un diálogo entre el agresor y la afectada, donde la obligaba a tener relaciones sexuales en diferentes centros de diversión de forma forzada”, agregó el fiscal. 

Balda sostuvo que los jueces le impusieron la pena mayor al procesado porque se presentó un informe psicológico en el cual una perito determinaba que la víctima sufría depresión por las secuelas de la prostitución. Ella también estaba traumada por las amenazas  e insultos que recibía.

 

Investigan seis casos. La Fiscalía investiga seis casos de explotación sexual registrado en los últimos tres años en Manta. 

Y existen cinco sentenciados por trata de personas a 16 y 19 años de cárcel. El último caso fue detectado en mayo de este año, cuando una pareja reclutaba a menores y a mujeres extranjeras para obligarlas a prostituirse bajo la modalidad de prepago (que presta  servicios sexuales de forma discreta a cambio de dinero). Incluso las ofrecían por catálogos en redes sociales y aplicaciones turísticas a nivel internacional. 

Según el informe de la Policía, la pareja exigía como requisitos que los clientes sean solventes y educados en los encuentros sexuales. 

La edad de la perjudicada no fue revelada porque está dentro del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos. El artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona este delito con una pena que va de 13 a 16 años, pero con agravantes puede llegar a los 22 años de prisión.