El lunes pasado las juezas Iliana Vallejo y Ruth Álvarez, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de Cuenca, notificaron por escrito su sentencia por la que aceptan la acción de protección a favor de dos parejas homosexuales a las que el Registro Civil les negó la celebración e inscripción de su matrimonio.

La decisión judicial fue apelada por el Registro Civil y ahora quien deberá resolver es la Corte Provincial de Justicia de Azuay.

Los grupos GLBTI que apoyan a esta causa han anunciado que si la Corte no ratifica la sentencia de las juezas, podrían acudir a la Corte Constitucional.

La disputa inició el 19 de abril, cuando las parejas fueron al Registro Civil en Cuenca para casarse, pero no pudieron hacerlo. Entonces plantearon las demandas, que fueron aceptadas a finales de junio.

 

>respaldo. El Colectivo Jurídico Feminista empuja la ratificación en segunda instancia de las sentencias.

La mañana de ayer las abogadas ofrecieron detalles en torno a los casos que tramitan en Cuenca. Sylvia Bonilla, una de las abogadas, señaló a El Comercio que el fallo podría sentar un precedente para dar paso al matrimonio igualitario en el país.

Hizo referencia a la Opinión Consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos (Corte IDH), el 24 de noviembre del 2017, que otorga una interpretación favorable sobre los derechos de los Gais, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexo (Glbti).

En la Constitución se define al matrimonio como “la unión entre hombre y mujer”; y según el Código Civil es “un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”.

José Arteaga, activista profamilia, citado por diario El Tiempo de Cuenca, dijo que el matrimonio igualitario puede “abrir espacio para la adopción en parejas homosexuales y el fin de la familia como núcleo de la sociedad”.