Según la Constitución, a ellos les corresponde legislar, es decir, expedir, crear, codificar, reformar y derogar las leyes, así como aprobar o no los tratados internacionales y el Presupuesto General del Estado. También deben fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y de los otros órganos del poder público. 

Uno de los temas consultados fue sobre su rol tras el 16 de abril del 2016 y la reconstrucción de Manabí aún pendiente. Las tareas de fiscalización desde la Asamblea sobre el manejo de los $ 3.002 millones recaudados (casi el 80 % usados y planificados) han sido mínimos, según la Comisión Anticorrupción.

En las ciudades más golpeadas, como Pedernales, Manta y Portoviejo, aún se observan edificios abandonados, terrenos baldíos y locales cerrados. Los comerciantes han expresado sus preocupaciones. Exigen la reactivación económica.

Según el presidente Lenín Moreno, de los $ 1.537 millones recaudados a través de la Ley Orgánica de Solidaridad, 1.200 millones se destinaron a reponer viviendas, vías y servicios urgentes; mientras que $ 300 millones sirvieron para pagar el IVA. Otros $ 1.500 millones estarían comprometidos por organismos internacionales. 

Primer año. La actual Asamblea cumple un año en funciones, pero la mayoría del trabajo de los legisladores manabitas se ha centrado en pedidos de información. Algunos de ellos ligados a los supuestos casos de corrupción en el manejo de los recursos tras el 16A. Por ejemplo, existe un informe de Contraloría que predetermina indicios de responsabilidad penal contra exautoridades de Vivienda en el proceso de contratación, ejecución y entrega de obras para los damnificados. Esto habría causado un perjuicio de más de $ 15 millones.

Demoliciones bajo lupa. Además, hay un examen especial de Contraloría sobre los procesos de demolición y desalojo de escombros de las edificaciones colapsadas el 16A que establece pagos injustificados por más de $ 29,8 millones.

A dos años de la tragedia varios medios han develado que no hubo priorización de obras. De allí que todavía no se construyen los hospitales que colapsaron  (Chone, Pedernales y Bahía). Incluso, se han cuestionado obras costosas, como las cuatro facilidades pesqueras ($ 75,5 millones) o la vía Manta-Colisa de 21 kilómetros ($ 100 millones).

También se ha denunciado el desvío de dinero para actividades que no estaban relacionadas con la reconstrucción, como el pago de repuestos de buques y aeronaves militares. 

Los esfuerzos dirigidos a leyes para impulsar la reactivación de la provincia no son suficientes, según varias asociaciones de comerciantes consultadas.  

Este primer balance se hace con la información dada por cada asambleísta. Manabí tiene nueve: cuatro por la circunscripción uno (doce cantones del norte) y cinco por la circunscripción dos (diez cantones del sur). Y dos manabitas ganaron escaños nacionales: Guillermo Celi por la alianza CREO-SUMA y Carlos Vera por AP.  

Los nueve legisladores de AP (ocho ganaron en la alianza con Unidad Primero) se volvieron al ala morenista tras la escisión del movimiento de Gobierno.  SUMA y CREO  tienen sendos representantes. Unidad Primero es la agrupación política provincial que creó en el 2011 y lidera el prefecto  Mariano Zambrano.

¿Qué han hecho los once asambleístas manabitas en un año? El Diario los contactó y aquí están sus respuestas. 

Proyectos. En un año, solo el proyecto de una legisladora de Manabí se ha convertido en Ley. Se trata de la propuesta de Tanlly Vera (CREO) y la comisión ocasional especializada de la que fue parte: la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre de 2017). Sobre los proyectos de ley presentados por los once asambleístas manabitas, ellos dan información que no coincide con la oficial. Por eso, El Diario publica datos de la web de la Asamblea y el Observatorio Legislativo.