De esos $ 3.002 millones, más de la mitad, el 51 %, proviene de lo recaudado por la Ley Orgánica de Solidaridad de mayo de 2016.  Es decir, en efectivo, los ecuatorianos aportaron un total de $ 1.537 millones para levantar los cantones manabitas y esmeraldeños golpeados por la tragedia.

Las cifras son el último reporte del Servicio de Rentas, con corte al 28 de febrero de 2018. Y el restante 49 %, de otras 16 fuentes de financiamiento, entre ellas donaciones, el Presupuesto General del Estado y organismos internacionales como los bancos Europeo de Inversión, el Interamericano de Desarrollo y el Mundial.

¿Qué se ha hecho con el dinero? La pregunta inquieta al secretario de la Reconstrucción, José Herrera. Él asumió el cargo en enero anterior y encontró casi el 80 % de los ingresos distribuidos. 

“De los $ 3.000 millones recaudados, casi $ 900 millones ya han sido ejecutados, 1.100 millones en ejecución y 970 millones planificados. Algunas obras de esa planificación deberán someterse a una priorización de acuerdo a lo que hemos encontrado”, dijo. 

En otras palabras, no es seguro que lo prometido se cumpla. 

Dinero disponible queda, sí, pero ya muy poco:  $ 150 millones (se descuentan los montos ya comprometidos, como los ejecutados, en ejecución y planificados).  Y ahora las autoridades hacen un análisis para usar acertadamente los recursos. “Estudios que no se hicieron antes”, se queja Herrera. 

>Control. Aquellas dudas sobre el manejo económico motivaron a que la nueva administración del Comité de Reconstrucción (cuya titular es la vicepresidenta, María Alejandra Vicuña)  y la Secretaría solicitaran a la Contraloría General del Estado, el pasado 7 de marzo, la realización de un examen de control, que incluyera los procesos de ejecución y contratación de obras y servicios realizadas por las entidades ejecutoras, desde el 26 de abril de 2016 hasta el 31 de enero de 2018. 

Exigen especial atención a los $ 1.537 millones recaudados por la Ley de Solidaridad, que permite uso de recursos, exclusivamente, para la planificacio?n, construccio?n y reconstruccio?n de la infraestructura pu?blica y privada, asi? como la reactivacio?n productiva. Si se usaron esos fondos para otros fines, la Contraloría podría establecer indicios de responsabilidad penal.

El delito, incluso, según los expertos consultados por El Diario, puede ser peculado o malversación de fondos públicos. Un delito que no prescribe y es sancionado con un mínimo de cinco años de cárcel y un máximo de 13, según el Código Orgánico Integral Penal.  

Bajo la lupa están, entonces, las 31 entidades ejecutoras que recibieron dinero de la Ley de Solidaridad, entre ellas 15 ministerios y organismos como Senagua, Ecuador Estratégico, ECU-911,  Secretaría de Gestión de Riesgos y otros. 

>Priorización. Las autoridades admiten que no se priorizó en la construcción de obras. Se han hecho parques, facilidades pesqueras, vías que cuestan hasta 100 millones de dólares, pero no, por ejemplo, hospitales o cuarteles de bomberos. 

Incluso, de ese dinero se han pagado repuestos de buques y aeronaves militares, y hasta para deudas pendientes desde 2013.  

Contraloría, hasta el momento, ha emitido un borrador de informe, que establece gastos no autorizados de hasta $ 31 millones con fondos de la Ley. 

La nueva administración de la Secretaría de Reconstrucción analiza  lo que se hizo desde abril de 2016 hasta enero de 2018, es decir, en los 21 meses de gestión de Carlos Bernal. Por ejemplo, Herrera explica que el 22 de mayo de 2017 el Comité de Reconstrucción (la Secretaría Técnica es su brazo ejecutor)  aprobó un listado de proyectos, “con el del contingente y de la Ley de Solidaridad. Por eso, hemos pedido un examen especial a Contraloría y que el Ministerio de Finanzas nos entregue la información pertinente para corregir y verificar el incumplimiento o no de la norma”.