Esta es una de las irregularidades que se habría dado en las primeras semanas posteriores al terremoto del 16 de abril del 2016, que está siendo investigada por Contraloría, de acuerdo a lo señalado por José Herrera, secretario técnico del Comité de Reconstrucción.
Usted habló de una reestructuración del Comité
Es un tema que conversamos con los ministros y con el Secretario de la Administración, que lo ha recogido. Debería incluir a más personas, eventualmente excluir a algunas. Es una decisión del Presidente.
También señaló que, por ejemplo, las actas no recogen lo que se trató en las sesiones.
Las actas están claras, lo que no tienen o no recogen es lo sucedido en las sesiones a decir de algunos participantes. Vamos a transcribir enteramente lo que esté en audios y grabaciones de las sesiones, a efectos de que en el acta estén todas las expresiones.
¿Van a ser públicas las sesiones?
Vamos a pedir que se hagan en un foro abierto, donde los ciudadanos puedan escuchar, en el marco del respeto, y llegado el punto podrán intervenir.
Los recursos de la Ley de Solidaridad han sido invertidos casi en su totalidad, pero los provenientes de donaciones internacionales están planificados y no ejecutados.
El Comité ha priorizado por ejes, ha dado las líneas gruesas y eso no ha permitido que sea el que priorice los proyectos. Tenemos que sentarnos y analizar proyecto a proyecto.
Usted señaló que unas 5.000 viviendas habrían sido contratadas y no construidas
En vivienda fue un abuso sin nombre el estado de excepción, de emergencia, un abuso a la tragedia. Un mes después del terremoto se comenzó a contratar viviendas de boca, se comenzó a dar anticipos a constructores, sin garantías, sin contratos, de una forma ex prolija. El estado de emergencia y excepción no determina eso, lo libera de procesos para la contratación, pero jamás lo libera de exigir las garantías del caso. Esas cifras tenemos que esperar que el Miduvi las diga.
¿Tiene el informe de la auditoría de Contraloría?
El ministro de Vivienda nos ha informado que está avanzado, ya está el listado de contratistas incumplidos y de acciones legales. Se ha comprometido a hacer llegar los informes.
¿Qué responsabilidad tiene el Comité de Reconstrucción?
Eso tendrán que determinarlo Contraloría o las autoridades de control. No me compete a mí qué responsabilidad tenían.
Usted dijo que no hubo un control adecuado a las obras de los primeros días post terremoto.
Considero que fue así, no tenemos un registro pormenorizado. El Comité y la Secretaría nacieron 30 días después del terremoto, entonces, de los primeros 30 días no hay un registro exacto, y ya en lo posterior, cuando han ido avanzando el tiempo, no existió el seguimiento y control adecuado. Hubo proyectos que nacieron con estudios deficientes, que a la larga fueron generado contratos complementarios.
¿Cómo cuáles?
La facilidad pesquera de Crucita empezó en 39 millones y terminará costando más de 50 millones de dólares.
Usted señala que incluso encontraron estudios de edificios caídos… ¿Hubo un manejo inadecuado de los recursos?
Habría que ver ejecutor por ejecutor, de eso se encarga Contraloría. En el MTOP encontramos una empresa requiriendo el pago por los estudios de los daños ocasionados por el terremoto en el aeropuerto de Manta, que no tenían justificación alguna, y no se los canceló.
¿Han detectado sobreprecios?
Lo que se hizo fue revisar proyectos someramente. Realmente es un poco complejo llegar a determinar si el apu (análisis de precios unitarios) estaba correcto o no. Un poco por ahí viene la cosa.
Al asumir dijo que había 175 proyectos en espera. ¿Por qué no avanza el trámite?
No tienen estudios adecuados o con el modelo Senplades que exige que un consultor pueda abarcar todos los aspectos ambientales, económicos, sociales. Posterior a que terminó el estado de excepción, el 11 de septiembre del 2017, todos los proyectos deben tener la priorización de Senplades.