Es como quitar dinero al más necesitado argumentando que, como cree que no lo requiere ahora, se lo devolverá más tarde, cayendo en posible figura de peculado, cuando en realidad existe un cúmulo de requerimientos que los damnificados del terremoto demandan constantemente, algunos, incluso, aún en campamentos.

Con esta oportunidad, las fuerzas vivas de ambas provincias deberían insistir en la fiscalización del comité encargado de la reconstrucción, para conocer cómo se ha desempeñado, porque las expresiones del ministro de Finanzas de que no hay proyectos para ese dinero dejan mal parados a los “reconstructores”.  

Y puede ser un mal presagio, porque con tal excusa hasta podrían retrasarse obras, pues la mesa quedó ya servida para repetir la acción y volver a incidir en esa clase de “préstamo”, conveniente al gobierno, pero negativo al restablecimiento de los lugares destruidos y la pronta recuperación de sus gentes. Se espera, entonces, que las entidades provinciales, prefecto, alcaldes, gobernador, asambleístas, se pronuncien y estén vigilantes en la defensa de los recursos provenientes de la ley especial, así como de su correcta, específica, acertada y justa inversión.