Con la clausura de los prostíbulos por parte del municipio, las posibilidades de emplearse en los pocos night clubs que siguen funcionando son nulas, afirma.

“No puedo competir con las colombianas o las venezolanas, ellas parecen modelos, en los prostíbulos que están abiertos ellas son la prioridad”, dice.

 

Difícil situación. Tras el cierre de los centros de tolerancia, el pasado 29 de agosto, las deudas de Ruth se han vuelto impagables.

El cabildo clausuró 10 de estos negocios en la zona urbana, uno en Nuevo Israel, tres en la parroquia Puerto Limón y uno en San Jacinto del Búa.

La razón: no contar con el permiso de uso de suelo ni con la patente municipal. Además, los locales deben cumplir con la ordenanza del Plan de Ordenamiento Territorial para poder seguir funcionando.

La normativa prohíbe extender permisos de funcionamiento de prostíbulos, night clubs, a los negocios ubicados a una distancia inferior a los 2.000 metros del perímetro urbano de la ciudad, a una distancia de 1.000 metros en el perímetro urbano de las parroquias rurales y a 100 metros de las vías.

La mujer es madre soltera y arrienda una casa en la cooperativa Cristo Vive. Sus tres hijas estudian y ella debe ver por ellas por eso no puede viajar a otras ciudades a ejercer “el único oficio que sabe hacer”.

Rosa, otra trabajadora sexual, ha intentado buscar un cupo en un night club de la vía Quevedo. 

“Me vieron de pies a cabeza y me dijeron que no, en los locales que clausuraron no nos ponían pero, ahora nos estamos muriendo de hambre. Va a ser una Navidad triste, mis hijos no tendrán regalos, no habrá cena”, aseguró.

Lo que consigue trabajando en un bar no le alcanza. Le pagan 30 centavos por tapilla, a pesar de que algunos hombres le piden favores sexuales en su trabajo ella teme por su seguridad. “En la calle no hay quién te defienda”, dice.