El pleno del CNE resolvió extender dicho periodo para, además, dar la oportunidad a que varias organizaciones sociales rechazadas en principio puedan cumplir con los requisitos establecidos y volver a postular para la campaña que comenzará en enero.

El propósito de la extensión del plazo es propiciar la participación política y el ejercicio de los derechos de las organizaciones políticas, sociales y ciudadanía en general, informó el CNE en su portal web.

La presidenta del Consejo, Nubia Villacís, señaló que la decisión está amparada en el principio de "pro-participación" contemplado en instrumentos legales nacionales e internacionales, como es el caso de la Carta Democrática Interamericana.

Además, dijo que esta resolución permitirá asegurar la promoción equitativa de las dos opciones, el sí o el no a las siete preguntas planteadas por el Ejecutivo.

"Con esta medida, se garantiza que los ciudadanos vayan debidamente informados a sufragar", precisó.

De su lado, la consejera Luz Haro calificó la extensión del plazo como una medida justa y necesaria, pues dijo que esta permitirá que "las organizaciones que no presentaron la documentación correspondiente pueden complementarla en este lapso".

"Nuestro deber es generar los instrumentos y el escenario para que se puedan discutir las dos tesis", destacó de su lado el consejero Mauricio Tayupanta.

El CNE recordó que, una vez que se haya aprobado al total de las organizaciones políticas y sociales, asignará los montos respectivos para cada una de las opciones.

El pleno del CNE aprobó ya un Fondo de Promoción Electoral por un valor global de 3.907.979,40 dólares, de los cuales 1.953.989,70 dólares financiará la campaña en medios de comunicación tradicionales (prensa, radio, televisión) y vallas publicitarias de cada una de las opciones.

Unos trece millones de ecuatorianos están facultados para participar en la consulta popular del próximo 4 de febrero, cuya campaña electoral iniciará el 3 de enero y se extenderá hasta tres días antes de las votaciones.

Reformas y enmiendas constitucionales sobre la lucha anticorrupción, la reelección indefinida, la plusvalía, el cuidado del ambiente en proyectos mineros y petroleros, y la no prescripción de los delitos sexuales contra niños forman parte de las siete preguntas que irán a consulta. EFE