Correa, mediante su acólito y exfuncionario, Ricardo Patiño, presentó una denuncia en ese sentido, calificando de “golpe de estado” la acción de Moreno al disponer, mediante decreto, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque a consulta popular para el 4 de febrero del 2018.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien se reuniera con Correa y Patiño en Panamá, anunció un probable examen técnico a la situación ecuatoriana, despertando el rechazo de la Cancillería del gobierno de Carondelet.

Presentada así, la situación toma ribetes de sarcasmo al recordarse que el denunciante y su servicial seguidor, durante su prolongado mando institucional en Ecuador fueron detractores permanentes de la OEA y de su actual representante, Almagro, llegando incluso a impulsar la formación de otros organismos como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Aquello, entonces, no deja de ser preocupante para los ecuatorianos, por la insistencia de los denunciantes de pretender hacer de este país una posesión perpetua, recurriendo, incluso, a calificativos como “alteración del orden constitucional”, práctica que a su tiempo hicieran ellos algo común.