Aquello le determinará la pérdida de sus derechos ciudadanos y, consecuentemente, la dignidad que ostenta de vicepresidente, debiendo también responder por aproximadamente treinta y tres millones dólares, supuestamente obtenidos de manera ilegal, monto a cancelar en unión de otras personas sentenciadas con él a diversas penas por las mismas razones.

Y así tiene que ser, cuando de castigar se trata a quienes se desvían y que, abusando de sus funciones, empobrecen más al pueblo ecuatoriano, auspiciando el flagelo de la corrupción.

Confiamos que en Ecuador la justicia se desarrolla dentro de los márgenes de un estado de leyes, por lo tanto creemos en la sana y profesional acción del tribunal. Así como en el derecho que tiene la defensa del vicepresidente parahacer uso de las instancias para impugnar la condena en procura de demostrar no sólo la inocencia del sentenciado sino la equivocación de los jueces, de haberlas.

Mientras, esperamos que el sistema de justicia del país sepa responder, con eficiencia y pulcritud, a las expectativas ciudadanas del país y del mundo, que observan con inquietud sus acciones.