En el numeral 2 de la Constitución sobre el enjuiciamiento político al presidente y vicepresidente de la República dice: Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Es juicio político no penal, que quede claro. ¿Por qué viene este pedido de 59 legisladores? Veamos.  

Por encargo del señor expresidente Correa, el vicepresidente Glas, en su condición de tal o cuando ministro de Estado, tuvo a su cargo el desarrollo de las denominadas áreas estratégicas de la economía, donde a lo largo del tiempo se han cometido delitos. 

Sobre este hecho los asambleístas peticionarios desean una explicación del señor vicepresidente, de su responsabilidad o no sobre estos. La Asamblea Nacional dará por justicia la razón a quien la tiene.   

La prensa informó que existió en Ecuador, antes de Odebrecht, abundante indicación de casos de corrupción. De repente, con señalamiento americano y brasilero, llegó el caso de la constructora; tenía que afrontarse como Dios manda. 

El Gobierno, fiscal general, candidatos oficialistas y todo el cónclave electoral, prefirieron diferir el problema para después de las elecciones. Ya se dieron y ahora parece que lo quieren dejar para las calendas griegas; digo parece, no es posible que lo puedan hacer, habría desgobierno.  

Odebrecht no se considera ser la que más dólares repartió, pero sí la que lo hizo en más países. Lo dado es como capillo en bautismo por estruendoso sonido ocasionado, al menos de lo que se conoce en Ecuador, comparado con otras cifras.  

Como las cosas no vienen solas,  apareció, con limitadas evidencias,  la refinería de Esmeraldas, derivada del hackeo Panama Papers. 

Analizando varios aspectos del alcance del pedido, incluso el de la celada para ganar un trofeo de caza, llego a la conclusión para beneficio del vicepresidente, del país y del Gobierno, que se dé  luz verde al juicio. 

Si sale absuelto la tensión baja, si no, se escoge un sucesor. La vez anterior Lenín Moreno declaró  “la Asamblea escogió candidato, yo acepté”, ahora él escoge.  Agrego,  por deber histórico “dentro de los suyos”.   

Para cerrar este capítulo,  que el Estado pague la multa onerosa que nos impone la fiscalía de Brasil por dar los nombres de todos los implicados en Odebrecht y liquidamos esta historia.  

Que además el fiscal general inicie las acciones de todos los casos pendientes de 40 años atrás, satisfaciendo al país harto de tanta descomposición y nos quedamos lidiando con el de la codicia y el económico.