Zveiter pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que lidera el propio Temer, pero aún así consideró que “la sociedad tiene derecho a una verdad” que solo podrá conocerse en un juicio, en el que Temer “tendrá el más amplio derecho a la defensa”.

Esa comisión, que debatirá el caso a lo largo de esta semana, es la primera instancia en que la Constitución brasileña establece que se analice una acusación penal contra un jefe de Estado, que en caso de que la denuncia sea acogida sería suspendido de su cargo durante los seis meses que duraría el proceso.

El segundo paso será en el pleno de los 513 diputados, en el que es necesaria al menos una mayoría de dos tercios (342 votos) para autorizar al Supremo a la instauración de un juicio penal.

Si así fuera, Temer sería suspendido 180 días y la vacante sería cubierta por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, un fiel aliado del mandatario.

El fiscal general, Rodrigo Janot, ha fundamentado su acusación en unos testimonios dados por ejecutivos del grupo JBS, que en el marco de un acuerdo de cooperación han afirmado que sobornan a Temer desde el 2010 a cambio de favores políticos.

El abogado de Temer alertó sobre el “peligro” para la gobernabilidad que traería aparejado un eventual juicio contra el mandatario y aseguró que un presidente “no puede ser procesado por simples hilaciones” apoyadas en “pruebas falsas” y “fraudulentas”.