Esta decisión del magistrado federal Julián Ercolini se enmarca en uno de los expedientes por presunta corrupción que afectan a la exjefa de Estado, que trata determinar si hubo supuestos retornos económicos a la familia Kirchner por parte de empresarios de la obra pública como Lázaro Báez a través de la contratación de instalaciones de hotel Alto Calafate, que gestiona la hotelera Hotesur.

A través de una resolución, Ercolini libró un oficio a la Afip para que se designe a esos inspectores, que durante seis meses deberán procurar la fiscalización de Hotesur y otras firmas vinculadas al caso, así como determinar el estado de los bienes que poseen esas empresas y las actividades que realizan.