El veto migratorio entró ayer en vigor  y afectará también a los refugiados y musulmanes que no tengan una relación “formal” con empresas e instituciones educativas de EE.UU,, informaron en una conferencia telefónica funcionarios, que pidieron el anonimato.

“Vivimos en un tiempo muy peligroso y el Gobierno de Estados Unidos necesita todas las herramientas a su disposición para evitar que los terroristas entren al país y desaten la violencia”, dijo uno de los empleados públicos durante la llamada.

La implementación es posible gracias al Tribunal Supremo, que el pasado lunes permitió la entrada en vigor de algunas partes del veto, destinado a prohibir durante 120 días la entrada de refugiados y, durante 90 días, el ingreso de los nacionales de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia).

Detalles. De manera amplia, el Supremo determinó que Trump puede negar la entrada a Estados Unidos a cualquier persona que no pueda probar que tiene un vínculo “genuino” con el país, es decir, que no tengan familia o que no tengan planes para trabajar o estudiar en el país.

El Tribunal Supremo dejó en manos del Gobierno la definición exacta de esos límites y, por ello, el Departamento de Estado envió el miércoles por la noche nuevas directrices a las embajadas y consulados de EE.UU. para informarles de cómo implementar la orden ejecutiva de Trump.

“Está claro que el propósito del presidente Trump es desacreditar y condenar a los musulmanes. Las directrices no cumplen con la orden dada por el Tribunal Supremo, son arbitrarias y no están ligadas con ningún objetivo legítimo del Gobierno”, dijo Omar Jadwat, director del proyecto de Inmigración de ACLU.

Ese veto será implementado hasta que el Tribunal Supremo emita una decisión sobre el caso, que estudiará posiblemente durante la primera semana de octubre, según dijo un funcionario.

De forma paralela, el Congreso de Estados Unidos espera aprobar dos proyectos de ley que endurecen las medidas contra los inmigrantes.