El periodista australiano se refugió en la legación diplomática ecuatoriana la madrugada del 19 de junio del 2012 para evitar que lo extraditaran a Suecia, donde es requerido por acusaciones de agresión sexual, y después a Estados Unidos, donde teme que se lo condene por la filtración de cables diplomáticos que afectaron a la relación del gobierno de ese país con otros regímenes.

Han transcurrido 1.676 días, repartidos en 4 años, y meses y un día.

Desde entonces, el Gobierno de Ecuador no ha revelado, al menos de manera pública, cuánto gasta el Estado en mantener a Assange en ese lugar.

Si el australiano permanece en la embajada, en condición de asilado, es obvio pensar que el país acogiente afronta al menos una parte de sus gastos. Ropa, aseo personal, medicinas, alimentación, limpieza de ropa y habitaciones, son, entre otros, rubros necesarios para que una persona pueda vivir en condiciones básicas, prácticamente confinado en un lugar con vigilancia permanente del que no puede salir sin el riesgo de ser detenido.

En tiempos de rendiciones de cuentas promovidas por el Gobierno sería plausible que se revelara cuánto egresa de los fondos estatales para mantener a tan controvertido huésped en la embajada.