La presencia de las fuerzas armadas en las prisiones tendrá que ser autorizada por los gobernadores porque, salvo en el caso de las cárceles federales, los centros penitenciarios son responsabilidad de las Administraciones estatales.

Mientras el Gobierno trata de tomar el control de la crisis, los motines continúan sucediéndose en los presidios del país por la guerra abierta entre organizaciones criminales.

El último enfrentamiento se produjo ayer en la prisión de Alcacuz, en Nisia Floresta, ciudad de la región metropolitana de Natal, capital del estado de Río Grande do Norte, donde el fin de semana se registró un motín en el que murieron 26 presos, según las autoridades.

Imágenes de presos armados con palos y barras de hierro en los tejados de la prisión, en su mayoría del grupo Sindicato del Crimen de Río Grande do Norte (SDC), desmentían a las autoridades que insistían en que tenían el “control” de la situación, según reportaron los medios brasileños en los últimos días.