El cuerpo legal establece, además, las condiciones para exigir el pago de los valores señalados como, por ejemplo, con la aplicación de coactivas.
Se trata, en sí, de impuestos derivados, esta vez, de la revalorización de la propiedad que se deriva de la construcción de obras que a la postre terminan siendo financiadas por los ciudadanos.
La llamada Ley de Plusvalía, vigente desde el mes anterior, ya establece gravámenes al aumento de precio de los bienes que se deriva de la obra pública. Por tanto, es una doble imposición que afecta a la propiedad privada y, en consecuencia, a los dueños de los predios.
A muchos ciudadanos les llama la atención la serie de impuestos que ha establecido el Gobierno con la finalidad de enfrentar la crisis económica agravada, en el caso de Ecuador, por el desmedido gasto público.
El aumento de la recaudación fiscal a través de impuestos no será suficiente si no se optimizan los recursos del Estado.