La Ley para la Eficiencia de la Contratación Pública, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, le da al Gobierno central y otras instituciones de la administración pública la potestad para cobrar a los ciudadanos contribuciones por mejoras; es decir, por la obra pública, considerando que con la ejecución de trabajos el valor de las propiedades se incrementa.
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