Desde hace más de tres años está vigente la Ley de Comunicación y con ello el periodismo de investigación del poder prácticamente ha desaparecido. Los recientes escándalos de presunta corrupción en Petroecuador y en la contratación de Odebrecht, han visto la luz gracias al periodismo, pero el ejercido desde otros países. 

En Ecuador los periodistas y los medios se cuidan antes de publicar información que se sabe como una verdad, por temor a las represalias, multas, dentro de la persecución política que enfrentan desde hace diez años.

Por su parte, el Código de la Democracia limita a los candidatos a campañas publicitarias tan minúsculas, que con muchísima dificultad van a poder llevar su mensaje a los electores. Un ejército de cientos de personas de las instituciones de control electoral y de la palabra (CNE y Supercom) se encargan de limitar el flujo de información durante el proceso electoral.

En los 45 días de campaña y con los reducidos presupuestos que el Código de la Democracia permite gastar a los candidatos, es muy difícil que un nuevo nombre, una nueva propuesta, calen en la mente de los electores. Al parecer el sistema está hecho para impedir el surgimiento de nuevas figuras. 

La Ley de Comunicación y el Código de la Democracia deben ser derogados por el bien del país. Se espera de los candidatos una posición clara al respecto.