>Cifras. “México vive una crisis inédita de violación de derechos humanos”, asegura el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón. 

Las cifras avalan esta afirmación; la nación cerró el 2015 con 27.887 desaparecidos registrados oficialmente y sumó más de 152.000 asesinatos entre diciembre del 2006 y el 2015.

“Son cifras que exceden incluso los índices de mortandad en conflictos armados de orden bélico”, apuntó Patrón. Entre otros datos, destacó que en 26 de los 32 estados del país se registran desapariciones forzadas y que hay una tasa de impunidad del 98 % en la mayoría de delitos.

 

>Corrupción. Todo ello, sumado a una corrupción política que representa alrededor del 9 % del Producto Interno Bruto (PIB) y a la existencia de amplias regiones controladas por el narco, a menudo coludido con el gobierno de turno, llevan a esta enorme crisis en derechos humanos.

Para Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala (Guerrero), la Administración de Enrique Peña Nieto tiene una “agenda pendiente” en derechos humanos. “Hay una total omisión del Estado”, denunció este letrado, quien recordó, por ejemplo, que la tortura sigue siendo un método habitual de investigación policial.

Rosales consideró que, sin la tragedia de los 43 de Ayotzinapa, el respeto a los derechos humanos no sería tan siquiera tema de conversación.

 

>Periodistas. Otro de los vértices que prueban el frágil respeto a los derechos humanos en México es la situación de los periodistas. Según Erick Monterrosas, oficial adjunto del programa de Protección y Defensa de la ONG Artículo 19, este año es “crudo” para la prensa porque han asesinado a 10 comunicadores, lo que según él, lleva a probar que el “patrón no se revierte”.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el 2000 hasta el 16 de septiembre ocurrieron 118 homicidios de comunicadores, 20 desaparecieron desde el 2005 y se registraron 49 atentados contra medios desde el 2006.

En 7 de cada 10 agresiones está implicado algún miembro del Estado, dice.

Adicionalmente, se ha detectado un aumento de las amenazas en redes sociales, con un “lenguaje de odio” hacia las mujeres, y una compra masiva de software espía, sin que se conozca el uso que las instituciones le vayan a dar.

El Ejecutivo dice que el país no padece una “crisis de derechos humanos” y acusó al organismo de “no reflejar la situación general” nacional.

El Congreso aprobó en  el 2015 una reforma constitucional que facultaba al Legislativo a expedir leyes generales sobre desaparición forzada y tortura, y el 10 de diciembre del 2015, Peña Nieto mandó sendas iniciativas de ley a las cámaras.

Un año más tarde, las iniciativas continúan pendientes en el Legislativo.