Actualizado hace: 8 horas
CONFLICTO
Turquía vive una época de Represalia postgolpista

La purga de supuestos cómplices en el fallido golpe de Estado en Turquía tiene dimensiones de represalia.

Domingo 24 Julio 2016 | 04:00

“15.200 empleados públicos, tanto en los centros como en las provincias, han sido suspendidos del servicio y se inicia una investigación respecto a estas personas”, anunció el Ministerio de Educación.

La investigación se refiere a su supuesta pertenencia a las redes de simpatizantes de Fethullah Gülen, un predicador islamista exiliado en Estados Unidos, al que el Gobierno responsabiliza de la intentona golpista.
Esta “lista negra” de funcionarios se suma a los 8.777 empleados del Ministerio del Interior, la mayoría de ellos policías y gendarmes, y a otros 2.500 de otros organismos públicos que fueron ayer apartados del cargo.
No sólo los trabajadores públicos se han visto afectados por la purga. Unos 21.000 profesores de centros educativos privados han visto cómo se les retiraba su licencia.
El total de trabajadores, públicos o privados, que han sido suspendidos de empleo a consecuencia del golpe llega a 49.337 personas, calcula el diario Hürriyet.
Otras. Las medidas excepcionales han llegado al punto de prohibir a todos los funcionarios que abandonen el país, a no ser que cuenten con permiso expreso de sus superiores, a ordenar a los trabajadores públicos que interrumpan sus vacaciones y regresen a sus puestos y a pedir la renuncia de todos los decanos de facultades turcas, tanto de las universidades públicas como de las privadas.
Además, el Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK) ha cancelado las licencias a “todas las emisoras de radio y televisión que hayan dado respaldo a los conspiradores golpistas”, una medida que afecta a 24 medios vinculados al Gülen.
Este influyente predicador, hasta hace apenas tres años estrecho aliado del ahora presidente turco, el también islamista Recep Tayyip Erdogan, es acusado por Ankara de haber orquestado el golpe usando a sus miles de seguidores “infiltrados” en la Administración pública.
Una infiltración que se produjo cuando Erdogan era aún primer ministro (2003 -2014) y los “gülenistas” comenzaron a desplazar, con su anuencia, en los órganos públicos a los funcionarios de la vieja escuela laica, introduciendo en la Administración una visión más islamista.
Desde que la alianza, o matrimonio de conveniencia, entre Erdogan y Gülen se rompiera hace tres años, el Gobierno turco acusa al predicador de dirigir un Estado dentro del Estado y de conspirar para derrocarlo.
Acusado de terrorismo por Ankara y señalado ahora como responsable máximo de la asonada, el Gobierno ha solicitado hoy formalmente a Estados Unidos la detención y extradición de Gülen.
Hasta ahora, las autoridades de Estados Unidos venían repitiendo que Turquía no había realizado ninguna petición en ese sentido y que, en cualquier caso, sería necesario que Ankara aporte pruebas sobre la implicación en la asonada de Gülen, que reside desde 1999 en el Estado de Pensilvania.
Detenciones.  También han continuado las detenciones de supuestos militares golpistas.
El viernes fueron arrestados 283 soldados de la Guardia Presidencial.
Se trata de más de la décima parte de los integrantes de este cuerpo, de 2.500 miembros, fundado en 1920, cuya función es velar por la seguridad del jefe del Estado.
Estos arrestos se agregan a los más de 6 mil militares detenidos desde el golpe y acusados de simpatizar con la cofradía de Fethullah Gülen.
Quieren retomar pena de muerte
El Gobierno de Turquía ha anunciado su intención de restaurar la pena de muerte.
Aunque no tiene el apoyo de la oposición ni de la Unión Europea, el presidente Recep Tayip Erdogan parece dispuesto a ejecutar a los cabecillas del levantamiento. 
Si lo hiciera, Turquía se uniría a la lista de 58 países que actualmente contemplan esa forma de aplicar la “justicia”.
El Gobierno anunció esta semana la suspensión temporal de la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades, lo que en principio podría facilitar el camino para la imposición de la pena capital. 
No obstante, en teoría, para restablecer la pena de muerte se tendría que modificar la Constitución, algo para lo que islamistas y nacionalistas no tienen mayoría.
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