Las razones argüidas convergen en la crisis económica que sufre el Gobierno, que desde al año pasado siente la reducción de ingresos a la cuenta del Estado, esencialmente por la baja del precio del barril de petróleo y la revalorización del dólar. 

Se agrava la situación últimamente con la ocurrencia del devastador terremoto del 16 de abril. Esta medida era demandada por quienes han considerado que el Gobierno exageró en la creación de entidades oficiales, cuyas funciones no trascienden y solo aportan al gasto burocrático.

Así, una de las entidades que más observaciones ha recibido es la Secretaría del Buen Vivir, cuya creación fuera calificada como innecesaria por inoficiosa.

Igualmente, la Superintendencia de Información y Comunicación, cuya eliminación ha sido demandada por considerársela  restrictiva a las libertades de prensa, opinión e información, derechos constitucionales e inalienables, así como persecutoria a quienes la profesan. 

Esperamos que la decisión presidencial continúe en ascenso, deshaciéndose de cargas para alivianar el peso que impide un mejor manejo de la caja fiscal.