Otros 1.500 han sido apartados de sus cargos en otros ministerios.

Un total de 2.745 jueces y fiscales han sido suspendidos, entre ellos cinco miembros del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales, el cuerpo que decide sobre los nombramientos en la Judicatura.

Un gobernador provincial, 29 exgobernadores, 52 responsables de distritos, registradores de la propiedad, asesores judiciales e incluso 12 conserjes en edificios públicos han caído en esta depuración.

En esa lista no se cuentan los 7.543 detenidos, entre policías, soldados, jueces, fiscales y civiles. Entre los arrestados hay 112 generales, casi un tercio de los 356 generales y almirantes que componen la cúpula de las Fuerzas Armadas turcas.

Algunas de las personas que desempeñan estos cargos fueron acusadas de participar en el fallido golpe de Estado o de seguir a Fethullah Gülen, el predicador al que el Gobierno y el presidente, Recep Tayyip Erdogan, acusan de orquestar la asonada.

“Hemos empezado a limpiarlos”, anunció el primer ministro, Binali Yildirim, continuando la retórica iniciada por Erdogan la misma noche del golpe, cuando se refirió a la asonada como un “regalo de Dios” que permitiría limpiar el Ejército de elementos gülenistas.

Pena de muerte. Aparte de las masivas destituciones y encarcelamientos, la resaca del intento de derrocar al Gobierno ha abierto el debate sobre la restauración de la pena de muerte, abolida definitivamente en 2004.

Ayer, de nuevo, dijo que si el Parlamento se pronuncia en ese sentido, él aceptará la reintroducción de la pena capital.

Sobre este tema el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, instó al Gobierno turco a respetar el debido proceso contra los implicados en el intento de golpe mientras que el Gobierno turco solicitó la extradición a EE.UU. de Gülen.