En ellas expresa su preocupación porque “algunas disposiciones legales y prácticas podrían tener el efecto de desalentar la expresión de posiciones críticas o la publicación de información crítica en los medios de comunicación y redes sociales sobre asuntos de interés público y que podrían afectar negativamente al ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión”.

“Al respecto, le preocupa la información que indica que la Ley Orgánica de Comunicación contiene algunas disposiciones que podrían afectar el pleno ejercicio de ese derecho, incluyendo la imposición de algunas obligaciones que pueden resultar ambiguas o desproporcionadas”.

Además les preocupan las denuncias sobre el acoso que habían sufrido personas críticas al gobierno, incluyendo periodistas y usuarios de redes sociales, y recomendó que el Estado ofrezca protección a quienes sean objetos de acoso u amenaza por sus derechos.

Además, se lamentó “sobre la utilización frecuente del sistema judicial para generar duras sentencias contra críticos del gobierno y miembros de la oposición de una manera que pone su imparcialidad en cuestión”.

Plantea que se garantice la “plena independencia e imparcialidad de la judicatura”.

Por otra parte, los expertos en derechos humanos también alertan sobre las denuncias de intervencionismo del Estado en organizaciones sociales.

Con respecto a los pueblos indígenas, los expertos ensalzan el hecho de que se hayan otorgado concesiones petrolíferas en territorios ancestrales en el 2016 sin haber procedido a la consulta previa de las comunidades afectadas.

Finalmente, el Comité insta a Ecuador a ampliar los supuestos en los que la interrupción voluntaria del embarazo es legal y a “incrementar sus esfuerzos con miras a garantizar que las mujeres y las adolescentes puedan acceder a servicios adecuados de salud sexual y reproductiva en todo el país”.

 

>Reacciones. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Guillaume Long, dijo que “el informe reconoce claramente los avances que como país hemos logrado en la última década en materia de derechos humanos”.

Acusó a “ciertos grupos de la oposición” de intentar manipular estas recomendaciones “para decir que este Comité ha atacado al Ecuador”.