El funcionario ha sido señalado -por los demandantes de su comparecencia- como responsable de haber causado pérdidas económicas al estado, al no haber asegurado edificios para la educación, como el de la unidad del milenio de Pedernales, que colapsó durante el terremoto.

Más, si bien la solicitud ha sido presentada luego de recoger las firmas necesarias para su legalización, el proceso a seguir para su calificación y aceptación constituye un cedazo que ha despertado expectativas, puesto que los organismos del parlamento a tramitarla son de integración oficialistas.

Y las inquietudes continúan de llegar a pasar, porque deberá ser debatido en el pleno de la Asamblea, con mayoría gobiernista, lo que sería un buen ejercicio democrático para saber cuál será el comportamiento de la mayoría de sus integrantes en un real juicio político.

Claro que esto también dependerá de la exposición del demandante y la contundencia de los argumentos, cumpliendo con su labor legislativa de fiscalizar.