El argumento para el juicio político es porque el Ministerio de Educación no aseguró la Unidad Educativa del Milenio de Pedernales que fue afectada por el terremoto.

“El Ministro ha sido reiterativo en desconocer y minimizar públicamente la existencia de la normativa, que obliga a asegurar los bienes públicos”, dijo Pacheco. 

Ahora, el pedido entrará a la Secretaría de la Asamblea Nacional para el conocimiento de la presidenta Gabriela Rivadeneira y, posteriormente, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá calificarlo para que se dé trámite en la Comisión de Fiscalización. 

Sobre la mayoría legislativa de Alianza PAIS y la posibilidad de que el pedido no pase, indicó que es responsabilidad de ellos “no ponerle trabas al juicio político. Más de 16 millones de ecuatorianos los están viendo”. 

Ministro. Por su parte,  Espinosa indicó que el asambleísta está en su derecho de pedir cualquier procedimiento que esté debidamente normado. 

“Me tiene sin cuidado, sin embargo, siempre se debe respetar la normativa, el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, sobre la presunción de legitimidad. Se presume legalmente que las operaciones y actividades realizadas por instituciones del Estado y sus servidores son legítimas, a menos que la Contraloría como consecuencia de auditoría declare lo contrario”, dijo a diario El Comercio.