El conflicto político y judicial que rodea la polémica subida de la tarifa del gas, anunciada por el Gobierno argentino en abril y que hace una semana fue congelada por un tribunal federal, se trasladó a las calles del país, donde los ciudadanos no saben si deben pagar las facturas del último mes.
La decisión de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, que el jueves pasado ordenó frenar los aumentos en la tarifa del gas en todo el país porque no se produjo audiencia pública previa a ejecutar el cambio en los recibos, forzó al Gobierno a anunciar el lunes un tope para que las subidas anunciadas no superen el 400 %.