La decisión fue adoptada por el juez Urbano Marín, que reemplaza a Orlando Álvarez, titular del juicio por la extradición de Alberto Fujimori y quien tiene una licencia médica. La solicitud destaca la necesidad de que Fujimori sea detenido para evitar una eventual fuga o la búsqueda de asilo en la embajada de Japón, ante el giro adverso que ha tomado el proceso en su contra. A Fujimori se lo señala como el responsable de las matanzas de Barrios Altos (1991) y de la Universidad de La Cantuta (1992), en las que fueron asesinadas 25 personas, señalados como crímenes de lesa humanidad. El propio Fujimori, en tanto, afirmó que “en absoluto” ha pensado en escapar y estimó que el informe de la fiscal “no es un fracaso” para él, por lo que esperará “tranquilo y sereno” el fallo. El ex mandatario peruano llegó de forma sorpresiva a Chile en noviembre del 2005 desde Japón, país en el que se refugió tras renunciar a la presidencia de su país el año 2000. Por su parte, el presidente de Perú, Alan García, declaró que sería un “despropósito” pedir a la justicia y al gobierno de Chile que impida una eventual fuga de Alberto Fujimori porque está convencido de que ese país actuará con prudencia y todas las previsiones del caso.