La ministra reiteró que "el agua es propiedad del Estado" y señaló que "Ecuador no es favorable a la privatización" de la misma. "Nuestra política es de optimizar los usos, de establecer mecanismos de uso sostenible del agua, de entrar en un proceso responsable de manejo racional de las cuencas hidrográficas y Ecuador tiene un plan montado para el manejo racional de esa cuencas", puntualizó. La ministra, que profesionalmente ha estado vinculada a organizaciones ecologistas, subrayó que "el agua es un derecho, no una mercancía". La declaración la emitió el mismo día en que el embajador de Bolivia para Asuntos Comerciales, Pablo Solón, defendió en Ginebra "la lógica de la planificación frente a la del lucro" en la gestión del agua, así como "una gestión integral y participativa del Estado" sobre ese recurso. El representante boliviano alertó asimismo que el agua no está definida de una forma precisa en los tratados comerciales y que cada vez la liberalización abarca más y más servicios en los que ese recurso natural está de por medio. El agua fue precisamente uno de los asuntos que impidió recientemente alcanzar una posición conjunta entre los socios de la Comunidad Andina (CAN) -Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú- para abrir negociaciones conjuntas con la Unión Europea destinadas a la liberalización de servicios, se informó desde Ginebra.