En la Amazonía de Ecuador en donde se encuentran pozos petroleros estatales y privados en reiteradas ocasiones han sido tomados por grupos de habitantes de la zona como medida de presión para pedir obras de infraestructura, así como trabajo. Las tomas que suelen durar días ocasionan perdidas económicas tanto para las empresas estatales como para las privadas. "Uno de los problemas que afecta a la industria petrolera ecuatoriana, no necesariamente el más importante, es la inseguridad de sus instalaciones para las actividades debido a prácticas ilícitas que han generado paralizaciones temporales", cita un comunicado emitido por el ministerio de Energía. El acuerdo tiene como objeto "aunar esfuerzos, para garantizar el normal desarrollo de las actividades petroleras" sin que "afecte el equilibrio y organización económica, social y cultural de las poblaciones (...) asentadas en las zonas", agrega el documento. Según el Ministerio, la intervención de las Fuerzas Armadas "no debe ser interpretado como una apertura a políticas y actividades represivas y de militarización de las instalaciones petroleras", sino "a fortalecer la seguridad" de la población y los recursos naturales. El petróleo es la principal fuente de ingresos de Ecuador, pues su venta genera casi el 35 por ciento del presupuesto del Estado, además que es el primer producto de exportación del país. Ecuador produce unos 550.000 barriles diarios de crudo y casi la mitad de ellos pertenecen a Petroecuador, mientras que el resto se reparten una docena de compañías privadas extranjeras.