La medida se aplicará en Manabí una vez que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emita una disposición. En Portoviejo, sólo en el mes de mayo, 127 civiles obtuvieron el permiso para portar y tener armas. Para implementar esta seguridad se utilizará un sistema informático que estará conectado a la red del Sistema Nacional de Control de Armas. “Aún no tenemos claro cómo se va implementar el sistema pero el plan piloto arranca en Guayaquil y pronto llegará a Portoviejo”, manifestó Felipe Madrid, jefe de control de armas del Fuerte Militar Manabí. Una vez que se dé la disposición, las personas que cuenten con un permiso vigente deberán acercarse a las oficinas de control de armas para instalar el chip y el código. Tendrá un costo de 10 dólares. “El chip es una buena idea porque se obtendrá información detallada de la persona que la porta y si fue legalmente adquirida”, dijo Julio Espinoza, dueño del local Caza y Pesca. La prioridad en la colocación del chip será en las armas de los civiles, quienes usualmente adquieren armas de calibre 22 al 38 y 9 milímetros, o escopetas calibres 12 y 16. Los costos varían de acuerdo al calibre y marca. En el mercado hay armas de 180 a 900 dólares. “Vendemos armas a las personas que la solicitan pero, no las entregamos hasta que nos presenten el permiso del arma, el récord policial y cédula”, aclaró Espinoza. Para Espinoza la restricción de las armas no va a limitar la delincuencia pero sí “perjudica a los importadores de armas que trabajan con la ley”. También aclaró que armas de fabricación casera o cartucheras no están autorizadas porque “se venden sin marca ni número de serie y no se pueden matricular”. Estas armas son fáciles de encontrar en ferreterías y sin necesidad de un permiso. En operativos se decomisan entre 10 y 15 armas ilegales. sin PERMISO La ley reformatoria a la ley de Tenencia de Armas, impone una multa de hasta 5 mil dólares y penas de tres a seis años. IMPORTACIÓN En Manabí hay dos locales autorizados para la importación y venta de armas. Pero existen diez personas legalizadas para ventas.