Con ese propósito la Ley creó inclusive las judicaturas de menores, cuyos titulares tienen como finalidad principal, proteger a los menores y buscar, cuando sea necesario, su rehabilitación efectiva mediante procesos de reeducación. Pues bien, estos principios que son de conocimiento general, se convierten en noticia no por su aplicación general en el país, sino por lo contrario; por la actuación de un Fiscal y un Juez de Menores, con mentalidad draconiana e interesados en acallar la voz de la juventud, en contradicción evidente con las corrientes actuales del pensamiento. Es el caso que un grupo de estudiantes de un colegio del área rural de la provincia del Cotopaxi, salieron en protesta pública y pacífica, para reclamar la remoción del Rector, al que acusaron de la comisión de irregularidades en la administración del plantel. Se tomaron el colegio por algunos días y, la Dirección Provincial de Educación, sensible a las acusaciones, lo suspendió y encargó el rectorado al Vicerrector. Los chicos entregaron el edificio y su equipamiento, sin que se haya registrado ningún daño, pues están conscientes de que es “su colegio”, el entorno en que se forman para convertirse en ciudadanos útiles para su localidad y para el país. Hasta ahí, no hay ninguna novedad que llame la atención. Un caso como por cientos se producen en el Ecuador y en otros lugares de la tierra. Pero, a continuación, el Rector suspendido, presenta una denuncia ante la Fiscalía en la que acusa a los jóvenes estudiantes de sabotaje y terrorismo; el fiscal inicia la investigación y logra que el juez de menores tramite el juicio y llegue a sentencia condenatoria. Eso es lo insólito. Se trata de un Juez de Menores, cuya obligación es proteger a los menores contra los abusos de los adultos. Afortunadamente, el caso llegó en apelación a la Corte Superior del Cotopaxi, cuyos Ministros dejaron sin efecto la sentencia. El caso muestra con evidencia la necesidad de fortalecer la protección a los menores, no solamente con las disposiciones legales, sino con el adecuado entrenamiento específico de quienes tienen la potestad de administrar justicia, con independencia y legitimidad.