Basta con revisar las estadísticas de criminalidad que se registran en la provincia para convencerse de que Manabí no es la “isla de paz” que muchos solían pregonar. La delincuencia se ha convertido en un problema global del que las comunidades manabitas no están libres. Diariamente la fiscalía recibe denuncias de personas afectadas por robos, asaltos, agresión física y hasta el asesinato de familiares. Son tantos los casos que la mayoría no llega a resolverse y esto, a su vez, genera en los ciudadanos la desconfianza en los organismos encargados de investigar y administrar justicia. En los últimos dos años, en Manabí se empezó a vivir el secuestro y la extorsión como parte de la realidad cotidiana. Delincuentes comunes, que vieron en estos delitos una forma rápida y eficaz de conseguir dinero, sembraban el terror en cantones como Manta, Portoviejo, Chone y Pedernales. Felizmente, la acción policial desarticuló las bandas que ya estaban organizadas, pero el problema no ha sido erradicado del todo. Suele decirse, con razón, que en las ciudades quedan muy pocos espacios seguros. Es que la delincuencia avanza a pasos largos mientras la policía, los municipios y otros organismos responsables de la seguridad ciudadana discuten sobre quién debe tener el protagonismo en las acciones que se apliquen. De nada valen las reuniones y las discusiones si no se llega a diseñar tácticas para brindar seguridad a los ciudadanos. La represión y el análisis no son suficientes. Más bien, se convierten en soluciones aisladas, que en poco aportan a solucionar un problema tan complejo.