Al finalizar una marcha pacífica por las calles de Caracas, los estudiantes presentaron sus peticiones, relacionadas con la negativa del gobierno a renovar a su vencimiento, el pasado 27 de mayo, el permiso para que el canal privado RCTV siguiera usando una frecuencia estatal, como lo venía haciendo desde hace 53 años. Una comisión de 23 estudiantes entró a la sede del Supremo y entregó el documento 'Acción de intereses colectivos' a su presidenta Luisa Morales. El texto, según dijeron portavoces estudiantiles, es similar al entregado en días anteriores en la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Defensoría del Pueblo y de la Asamblea Nacional. También señalaron que el documento tiene un 'anexo' de carácter 'cautelar' que persigue defender el derecho de los estudiantes a seguir con las protestas. Luisa Morales, presidenta del Supremo, recibió a la comisión y le dijo que reconocía su derecho a la protesta, aunque les recordó que debían 'velar porque el ejercicio de sus derechos no interfiera con el derecho de los demás'. 'Porque en la medida que seamos respetuosos, a nosotros se nos respetará', añadió. Morales dijo que no podía pronunciarse sobre el documento introducido, por no conocerlo, y les reconoció a los estudiantes 'la total libertad de expresar lo que quieran'. Igualmente les agradeció que se hubiesen trasladado hasta la sede del Supremo y les deseó 'el mayor de los éxitos en cada una de sus profesiones'. 'Estamos abiertos a los ciudadanos y por eso les decimos que estos espacios estarán abiertos para todos, cuantas veces lo requieran, siempre que vengan en el ejercicio del derecho y en plan tranquilo, sin sobresaltos', concluyó la magistrada. Yon Goicoechea, uno de los portavoces estudiantiles, representante de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), regida por los jesuitas, agradeció a Morales el recibir a la comisión y el haber dado entrada a sus documentos. Aseguró que sus propuestas son a favor 'del estudiantado y de los intereses colectivos' y van dirigidas a obtener que 'se haga justicia y se vele por los derechos y por las libertades de los estudiantes y de todos los ciudadanos de este país'. La sede del Supremo estaba fuertemente protegida por la Policía Metropolitana y por unidades de la Guardia Nacional, que se limitaron a observar el desenvolvimiento de los manifestantes. Desde que se anunció la decisión del gobierno de no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV), directivos del canal privado, como Marcel Granier, y dirigentes de la oposición han venido denunciando esta medida como una violación de los derechos civiles y la libertad de expresión. A partir del 28 de mayo, después de que RCTV cesara de emitir en abierto, los estudiantes salieron a la calle con consignas a favor de la libertad de expresión, y las corearon en las marchas que desde ese día se han sucedido, principalmente en Caracas, con un cariz pacífico, salvo las primeras, que degeneraron en actos violentos. Según el diario independiente El Mundo y el oficialista Vea, el 'epicentro' de estas iniciativas de protesta es la UCAB, donde se concentraron el viernes pasado miles de estudiantes de esa universidad y de otras para una protesta que, según los representantes estudiantiles, es ajena a los partidos políticos. Portavoces estudiantiles anunciaron este lunes la convocatoria de varias marchas para el 8 de junio que terminarán en puntos significativos del casco central de la capital venezolana, considerados 'territorio del chavismo'. Los portavoces, que dijeron representar y hablar 'en nombre del pueblo', señalaron que el Supremo debe instruir a las fuerzas del orden para que ese día les 'protejan', sin especificar de quién. Ante las críticas contra el gobierno por el caso RCTV, el ex ministro de Educación Aristóbulo Isturiz preguntó, en declaraciones al canal estatal VTV, qué clase de dictadura es esta que permite ataques de los medios privados de comunicación, hasta el vilipendio -dijo- y protege las manifestaciones de oposición mientras no degeneren en actos vandálicos.