Según una nota difundida hoy por el secretario de la ALDHU, Juan de Dios Parra, en las demandas se piden indemnizaciones por valor de 3.000 millones de dólares en nombre de cerca de 1.700 ciudadanos y tres provincias de Ecuador. Dyncorp realizó fumigaciones aéreas de plantaciones de coca con el herbicida glifosato en la franja de Colombia fronteriza con Ecuador contratada por el gobierno de Bogotá. Quito afirma que el glifosato es arrastrado por el viento hasta territorio ecuatoriano, donde causa graves daños a personas, animales y plantas, aunque Bogotá lo considera "inocuo". El gobierno ecuatoriano también ha acusado a las avionetas de Dyncorp de rebasar en sus fumigaciones la línea fronteriza y entrar en el espacio aéreo ecuatoriano, y el presidente, Rafael Correa, ha instruido a la Fuerza Aérea para que intercepte y haga aterrizar a estas aeronaves si se repiten las violaciones. Según el escrito de Parra, las presuntas víctimas están agrupadas en asociación y presentaron cinco demandas contra Dyncorp ante cortes federales de Estados Unidos, "como responsable directa de los daños causados por las fumigaciones aéreas en la frontera colombo-ecuatoriana". De las demandas, una corresponde al conjunto de los 1.635 supuestos afectados, otra es sobre presuntos daños a 40 mujeres y niños y las otras tres por daños ambientales y económicos en las provincias fronterizas ecuatorianas de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos. El secretario de la ALDHU, que tiene su sede en Quito, recalcó que la Justicia de Estados Unidos ha aceptado la jurisdicción para tramitar estos casos y radicado todas las demandas ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington. Según Parra, esa Corte "ha rechazado la defensa de la empresa acusada, que pretendió ampararse en la inmunidad por razones de seguridad nacional, ya que sus contratos para realizar las fumigaciones provienen del Departamento de Estado de EE.UU.". Todas las demandas han pasado a la etapa de prueba, en la que se reclamarán "mas de tres mil millones de dólares", insistió Parra. En esta suma se incluyen los daños a la salud física y sicológica de las supuestas víctimas, las perdidas de cultivos, de animales domésticos y fuentes de agua, así como los costos de la remediación ambiental y daños económicos a los gobiernos provinciales. Esta etapa procesal, agregó Parra, permite que se incorpore el gobierno Ecuatoriano, que la ALDHU espera que apoye los juicios para "actuar con una sola voz". "No creemos en la voluntad indemnizatoria expresada por las autoridades colombianas", dice el escrito, que añade que "es inaceptable que los victimarios se arroguen la pretensión de ser ellos quienes fijen los montos de los daños", al considerar que no puede ser "juez y parte a la vez". Por ese motivo, y aunque la ALDHU valora los esfuerzos de la Cancillería del Ecuador para mejorar las relaciones con Colombia, considera que en esta materia se debe recurrir a instancias multilaterales, como la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Hoy mismo, la Canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, en una rueda de prensa indicó que el gobierno ha dicho que "se adhiere a los justos reclamos y a los mecanismos jurídicos" adoptados por los supuestos afectados por las fumigaciones en la frontera con Colombia.