Primero, favoreció a los jóvenes inmigrantes llegados al país cuando eran niños en el 2012 con la llamada acción diferida o DACA, para ampliar dichas exenciones en el 2014 a los padres inmigrantes de ciudadanos o residentes (DAPA), unas medidas que pretenden, en palabras de la Casa Blanca, “dar prioridad a la deportación de criminales, y no a las familias”.

La decisión del Gobierno de plantear el caso ante el Supremo era muy esperada por activistas e inmigrantes, y alienta una batalla potencial sobre las políticas de inmigración para evitar que deporten a alrededor de cinco millones de indocumentados con medidas que los favorecerían. Si el Alto Tribunal admite la consideración de las acciones ejecutivas, el fallo sobre las mismas tendría lugar antes de que acabe el mes de junio, coincidiendo con el comienzo de la recta final de las elecciones presidenciales.