"No hay reservas de Occidental en la transacción con Ecuador para futuros reclamos. Eso ha quedado claro", recalcó el procurador, quien añadió que "no hay un impedimento legal" para que Oxy pueda volver a operar en el país.

El acuerdo con Oxy fue anunciado el pasado sábado por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien aseguró que se logró un descuento de alrededor del 17,2 % sobre la cantidad que el Ciadi, un tribunal de arbitraje ligado al Banco Mundial, ordenó que Ecuador pague a la petrolera.

Con intereses, la suma fijada por el tribunal, unos 1.061 millones de dólares, asciende a unos 1.400 millones de dólares.

Oxy acusó al Estado ecuatoriano ante el Ciadi de violaciones al Tratado Bilateral de inversiones (TBI) del país con Estados Unidos.

García explicó hoy que dentro de las negociaciones, Ecuador asumió pagar unos 135 millones de dólares de obligaciones tributarias, que lo hará por cruce de cuentas, y aproximadamente 45 millones de dólares de obligaciones laborales de Oxy en Ecuador.

"Son aproximadamente 180 millones de dólares que Ecuador los paga por compensación de créditos" por obligaciones laborales a extrabajadores y tributarias a la administración de Rentas, resumió.

El plan de pago a Oxy empezó con un primer desembolso de 100 millones de dólares el pasado 21 de diciembre, dijo Correa este sábado, al anunciar un próximo pago, por una cantidad similar, para el 15 de enero.

Se prevé que el próximo desembolso por 200 millones de dólares se haga el 29 de febrero y otros 300 millones el 31 de marzo, mientras que el remanente, hasta alcanzar los 980 millones, se entregará el 29 de abril.

Con ello, aseguró Correa, se cerrará el litigio arbitral con la petrolera Occidental que empezó en 2006 y que concluyó con el laudo de condena dictado en noviembre pasado.

Oxy demandó a Ecuador ante el Ciadi después de que el Gobierno de declarara la caducidad de un contrato de explotación de crudo, por haber cedido, sin avisar al Estado, el 40 % de sus derechos a la compañía AEC, una filial de la canadiense Encana.

El Gobierno ecuatoriano, tras la salida de Occidental, asumió la operación de las instalaciones de la compañía estadounidense (justificada en el contrato), lo que para la petrolera fue una especie de confiscación de sus activos y una supuesta violación del tratado de inversiones con Estados Unidos.

Correa ha criticado que "tratan la caducidad por incumplimientos legales, como confiscación".

El presidente considera que el Ciadi, dependiente del Banco Mundial, no debía tramitar el caso al tratarse de un asunto de caducidad del contrato, que no forma parte de los TBI. EFE