Así lo explicaron a Efe fuentes judiciales, quienes aseguraron que para garantizar el debido proceso contra Ríos Montt, acusado de ser el responsable de una matanza de indígenas mayas-ixiles durante su régimen de facto, entre 1982 y 1983, se deben respetar los plazos y procedimientos.

Ríos Montt, un general retirado de 89 años de edad, está postrado en su cama, cada vez "más malito", porque su enfermedad ha ido "aumentando", y ya "no es consciente" de lo que sucede a su alrededor, dijo este lunes a Efe uno de sus abogados, Jaime Hernández.

"A veces hilvana oraciones correctas, a veces no. No es consciente", enfatizó Hernández al describir el estado de salud del anciano, quien debido a esta circunstancia no puede ser castigado con penas de cárcel, aunque sea encontrado culpable de los delitos de genocidio y lesa humanidad.

El general retirado ya había sido condenado en 2013 a 80 años de prisión por genocidio, pero días después el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, anuló la sentencia por considerar que existieron irregularidades en el proceso judicial.

Es por ello que Amnistía Internacional (AI) calificó hoy de "vergonzosa" la decisión de aplazar de nuevo el proceso, y aseguró que además es "una nueva mancha" para el sistema de Justicia de Guatemala.

"La decisión de aplazar nuevamente el juicio (...) es una cachetada contra las víctimas que todavía intentan sanar las heridas de décadas de brutal guerra civil", dijo la entidad en una declaración pública entregada a Efe.

En opinión de la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, esta postura es un nuevo varapalo para la Justicia local.

"Al permitir que Ríos Montt evada la justicia durante décadas, las autoridades de Guatemala han estado jugando un cruel juego con las decenas de miles de víctimas de tortura, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzosos que tuvieron lugar bajo su comando y sus familiares," destacó Guevara-Rosas.

El nuevo proceso "especial", por la muerte a manos del Ejército de 1.771 indígenas ixiles del departamento noroccidental de Quiché, iniciaría este lunes a puerta cerrada, sin los medios de comunicación, en presencia de las víctimas y con la ausencia del ex jefe de Estado, que debido a su delicado estado de salud sería representado por sus abogados.

El juicio era esperado con ansia por activistas, víctimas y organizaciones humanitarias que exigen Justicia por los crímenes cometidos durante la cruenta época del conflicto armado interno (1960-1996).

A este propósito se pronunció también el abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), Héctor Reyes, uno de los querellantes adheridos al proceso, quien remarcó la necesidad de otorgar Justicia, pero aseguró que la cancelación del proceso está "conforme a derecho" e impide que haya una "revictimización".

"Antes hay que resolver los recursos. (La suspensión del proceso) es lo más prudente", observó Reyes, quien además dijo que una de las peticiones más importantes que debe resolver la CC es la de separar el proceso de Ríos Montt del de su ex jefe de inteligencia militar José Rodríguez, quien en 2013 fuera absuelto de los cargos en su contra.

Rodríguez sí debe enfrentar un juicio oral y público, por lo que el Constitucional tiene que separar los procesos, remarcó Reyes, y añadió además que esta situación ayudará a demostrar la responsabilidad del ex jefe de inteligencia militar en la matanza y que "no se diluya" la información, como sucedió en el proceso anterior.

Precisamente Rodríguez, en unas escuetas declaraciones a la prensa, expresó su deseo de que el juicio empiece cuanto antes para poder así demostrar su inocencia.

Con la incógnita de si se separarán o no los procesos, ambas partes, acusación y defensa, mostraron su intención de que se pueda iniciar el presente año, para no dilatar demasiado la causa en el tiempo. EFE