El portovejense es contundente al afirmar que la persona que compra en un lugar plenamente reconocido paga por una bebida que cumplió los estándares que permiten su importación, y por lo tanto es seguro; sin embargo, quienes buscaron ahorrar beben algo cuya procedencia es extraña y por lo tanto ponen su salud en riesgo.

Alerta. Hace pocos días la firma de investigación de mercado Euromonitor International publicó un informe que alerta a los ecuatorianos. Según el estudio, el volumen total de alcohol ilegal en Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá y Perú es alarmante. Sólo entre 2011 y 2012 el mercado de alcohol ilegal en esos países creció 6,9 % y la participación promedio al 27,7 %, lo que significa que una de cada cuatro botellas de alcohol que se beben en América Latina es ilegal. 

Las ventas conjuntas de alcohol ilegal en los 6 países analizados superan los $ 2.500 millones, cifra que implica que sus gobiernos dejen de percibir unos $ 798 millones y, además, tengan una constante inversión para afrontar las enfermedades que ocasiona el consumir estas bebidas. El crecimiento anual de bebidas adulteradas es superior al 6 %.

Consumo. Un informe del año pasado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que Ecuador es el noveno país en América Latina con mayor consumo de alcohol per cápita. 

En este país se ingiere 7,2 litros de alcohol puro por habitante al año. En cuanto al consumo per cápita de alcohol ilegal, Ecuador registra la cifra más alta de los países analizados, con 2 litros.

Euromonitor subraya que el aumento de impuestos en las bebidas alcohólicas importadas ha causado que las importaciones legales caigan de manera significativa y ha llevado al contrabando de marcas reconocidas. 

De acuerdo al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), entre enero y marzo del 2015 aprehendieron $ 307.354 en licores ilegales, $ 122.958 más que en el mismo período del 2014.

 de lado. Amén enfatizó que quienes han vendido licor dejan la actividad porque en el mercado se encuentra de todo, y ellos deben pagar impuestos altos para traer un “buen trago” cuando algo similar de la misma marca y botella se encuentra cerca de su local a precios relativamente bajos.

“Se está dando el contrabando y sucede por la diferencia económica de Ecuador con los países vecinos. En el caso del licor, una botella de whisky en Perú vale 20 dólares y en nuestro país cuesta entre 85 y 90 dólares. Entonces, las personas se ven obligadas a traer este tipo de licores, pero nadie les garantiza la calidad del producto, y se convierten en dudosa procedencia. Hay bebidas que no dan ninguna garantía para la salud”, sostuvo Amén.

Resaltó que a nivel internacional existen leyes que no permiten la adulteración del producto, y ese licor importado es garantizado. “Por ejemplo, los llamados whiskys nacionales contienen malta, llevan esencia de caramelo, pero no son un licor garantizado”, dijo.

ESPERA. Sergio Palomeque, coordinador zonal de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) del Ministerio de Salud Pública, respecto al aguardiante artesanal conocido como currincho, el cual se procesa en grandes cantidades en el cantón Junín, expresó que es ilegal porque no tiene aún el registro sanitario, tal como lo determina la ley.

“Ellos están en proceso de regularización. La ley indica que deben tener registro sanitario”, indicó. 

César Fiallos, director técnico zonal del Arcsa, informó que tienen identificados a los productores manabitas y les han dado charlas para ayudarlos en el proceso de regularización. 

“En parte no hemos podido avanzar, ya depende de los productores que comiencen la regularización con el SRI, que se agrupen y formen una asociación. Deben dar ese paso para seguir con lo  que le toca a la Agencia”, citó

Los requisitos para la obtención del Registro Sanitario como productor son: tener RUC, estar categorizado por el Ministerio de Industrias, luego ingresar a la Ecuapass (esquema para reducir trámites) y tener una página, acompañado de plano como diagrama de proceso, elaboración de etiqueta, certificado de calidad del envase, que conste el tiempo de vida útil del producto que tenga, declarar la composición. “Luego la Agencia lo revisa y lo aprueba”, dijo Fiallos.

AFECTADOS. Max Santana, presidente de la empresa Manalicor (fabricante de licor Cañón), señaló que los productores ecuatorianos dedicados a esta actividad se enfrentan a una crisis muy fuerte, que incluso ha conllevado a adoptar medidas extremas (como prescindir de personal) para seguir funcionando.

“No hay control al contrabando y el licor ilegal se encuentra a la vuelta de la esquina. Además, los altos impuestos limitan el accionar de la empresa privada”, refirió.

Para Santana la crisis en el sector comenzó en el año 2013, y al poco tiempo el consumo de alcohol por contrabando originó la muerte de varias personas en el país, y las ventas se congelaron. 

La materia prima para la industria manabita se origina en el cantón Junín, productor de caña. El puro llega en 60 o 62 grados y pasa por un proceso de refinamiento para hacerlo más digerible, es decir a 32 grados.

El educador para la salud, Gustavo Vicuña, manifestó que a una persona se la considera alcohólica cuando el consumo interfiere de manera negativa  en su vida, ya sea en su salud, equilibrio pscicológico, en su trabajo, familia, socialmente, etc.

“Las personas con cáncer no deben ingerior bebidas alcohólicas salvo criterio médico”, acotó

 importancia. Los fabricantes de aguardiente del cantón Junín aspiran a darle valor agregado a este producto.

Atinio Cevallos, quien lleva 30 años dedicado a esta labor, menciona que el aguardiente es uno de los productos característicos que forman parte tradicional del cantón y para continuar con su elaboración requieren de nuevas implementaciones  de manera que puedan logar darle al producto una identificación en el mercado. 

Comentó que él forma parte de la Asociación de Cañicultores de Junín y que la misma está conformada por alrededor de 40 socios y no han adquirido mayores beneficios.

El productor dijo, además, que tiene un permiso municipal para el funcionamiento y también por parte de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) que le permite la producción en el cantón, considerando la acogida de la bebida en el país.