Para Henry Cucalón, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), no queda claro cómo se definiría una tierra improductiva y su necesidad de expropiación.

“Qué garantía existe de que cuando vayan a ejercer estos mecanismos de expropiación para darle a quien en verdad va a trabajar, según ellos, no se cometan arbitrariedades o injusticias”, cuestionó.

Antonio Perea, coordinador de la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino, expresó que la normativa no especifíca cómo se hará un estudio para establecer cuál es la debida producción de la tierra.

“Manabí se verá afectada porque tiene grandes extensiones de tierras donde los campesinos las trabajan, pero la ley no dice si lo que ellos hacen cumple la función social y ambiental y si para ellos no la cumplen, nos veremos perjudicados”, indicó Perea.

El dirigente manabita dijo que se reunirán el lunes con más dirigentes para analizar las acciones que van a tomar con la ley tras su aprobación.

>oficialismo. Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, que tramitó el proyecto, defendió la norma y los mecanismos que se crean para definir las tierras improductivas.

“La discrecionalidad tiene que ser evidentemente restringida cuando además se habla de otros temas como el derecho a la propiedad”, indicó.

A pesar de las críticas de la oposición, la norma garantizará, a decir de los legisladores del oficialismo, la seguridad jurídica de la posesión y propiedad de la tierra rural y de los territorios de comunas y las diferentes nacionalidades.