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Jorge Luis Bowen Loor
Proyecto de fundación abogacía Española

Madrid – España.- En mayo de 2014 entraba en vigor la modificación del Código Penal (Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 180 del lunes 10 de febrero de 2014) que establecía condenas distintas para los delitos de tráfico de drogas. Para esto, la Fundación de la Abogacía Española está realizando un gran proyecto.

Viernes 08 Enero 2016 | 04:00
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El cambio de normativa dibujó un panorama formal más beneficioso. La modificación de penas beneficia a la mayoría de los españoles condenados allí por este delito, a quienes la retroactividad de la ley penal les debe dejar en situación de libertad. 
Sin embargo la necesidad de aplicación a instancia de parte, la complejidad burocrática de algunos territorios y la dificultad de acceso a la justicia por parte del preso están haciendo que la aplicación sea más lenta de lo debido.
Ha pasado un año desde que Ecuador estableció por primera vez en su ley un criterio de proporcionalidad para sancionar a aquellos que cometen un delito de tráfico de estupefacientes: tanto peso, tanta condena. 
Antes de agosto de 2014 no era así: una “mula” que realizara el encargo de transportar para un tercero desconocido 450 gramos de cocaína dentro de su cuerpo tenía exactamente la misma condena que un miembro de una banda organizada de narcotraficantes que transporta 35 kilos de cocaína en una lancha. 
Las penas fueron modificadas y, por ejemplo, a muchos condenados a 8 años de cárcel les corresponde con la nueva ley un castigo de entre 1 y 3 años. Pero cuando llevan cumplidos ya 4 o 5 años, ¿qué hacemos con ellos? 
Los principios del derecho penal y la pura lógica dirían que declarar su castigo cumplido y dejarlos en libertad. Y la nueva ley ecuatoriana también lo dice. Pero esto no está ocurriendo, o solo está ocurriendo en algunos casos. 
La Fundación Abogacía Española ha denunciado la injusticia que sufren por esta causa unos cincuenta presos españoles, que continúan en la cárcel pese a haber cumplido sus condenas, esperando a que se reconozca que han cumplido ya toda la pena que se establece en el nuevo código penal.
Tanto el complejo procedimiento establecido en Ecuador, como el desinterés de las autoridades, están haciendo que sigan privados de libertad mucho más tiempo del que les corresponde. 
Cada día de más que pasan en la cárcel, además de una injusticia y un riesgo grave, es un daño que nadie les va a resarcir. 
Esto es lo que se ha realizado hasta ahora contra esta injusticia: Un estudio recoge el trabajo que la Fundación Abogacía Española está llevando a cabo con presos españoles condenados en Ecuador a los que se les debe revisar la condena de acuerdo con el nuevo Código Orgánico Procesal Penal.
 
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