El objetivo de esta normativa es garantizar la redistribución de la tierra productiva, el reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; la legitimidad del uso y usufructo en estos territorios y la participación social y resolución de conflictos.
Esta es la primera ley aprobada por el órgano legislativo en el 2016.
Otro de los objetivos es mejorar la producción, respetar la propiedad y crear mecanismos y estímulos para aprovechar la tierra que no se está trabajando adecuadamente.
Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, destacó que la nueva normativa “rompe muchos mitos que han servido para evitar el desarrollo” y cuestionó el contenido y la aplicación de la actual Ley de Desarrollo Agrario vigente desde 1994.
La asambleísta recomendó que la redistribución de la tierra vaya acompañada de crédito y apoyo técnico para el agricultor. Dijo que la ley también garantiza la soberanía alimentaria y, fundamentalmente, el desarrollo de la unidad productiva familiar
El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Miguel Carvajal, resaltó las reuniones con organizaciones y asociaciones interesadas lo que permitió enriquecer el cuerpo legal. "Hemos realizado en este período más de 100 reuniones, para recabar sus opiniones y se han recogido varias propuestas sin excluir a ninguna por posiciones políticas e ideológicas", señaló al recordar que han sido dos años de discusiones.