La gente tiene maldiciones a flor de labio. Los líderes políticos dicen: este territorio y sus poblados son míos, propiedad con imponente exclusividad que busca obediencia sin chistar. Este clima de peligroso calentamiento también hace grietas en el gobierno y la prensa a escasos cuatro meses de la insurgencia tropical. Los encumbrados se esmeran en opacar a quienes ya no tienen poder decisorio en lo político; y los que ahora mandan describen los problemas de la patria y el recetario infalible para resolverlos a su manera, inclusive con una asamblea de 130 patricios que deberán votar para que se haga el milagro de la nueva vida y el Ecuador renazca de las ruinas. En este empeño “heroico” pululan las insinuantes tentaciones para ganar curules de asambleístas, con sólo saber leer y escribir o ser buen amigo de alguien de las alturas. A propósito de gobierno y libertad de prensa, considero que toda señal de coraje y firmeza para ejercer la libertad de expresión y de opinión no deben ser reacción emocional sino fruto de razón, equilibrio y respeto, considerando que es una garantía constitucional para todos los ciudadanos y que se ejerce sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la Ley. No siendo así, ese coraje y firmeza se convierten en veleidad, errores graves y lamentables o simplemente en delitos, en tanto esa expresión, opinión o información sea injuriante o difamante, ya provenga del poder de la prensa o del poder de la autoridad, antagónicos los dos y enfrentados por defender su posición crítica, pero casi siempre al margen del respeto recíproco que les impone la ley. En el caso, se debe reconocer que son poderes limitados por su deber de conciencia, por los mandatos de la constitución y las leyes, obligados a ejercer su labor con objetividad y la más alta ponderación, sin calificativos que puedan lesionar honras ajenas. Sin franquicias para desfigurar los hechos y ofender por rencor o animadversión al informar, opinar y gobernar en nombre de la libertad. Periodistas, medios de comunicación y autoridades gozan de libertad de opinión y de expresión y están sujetos a los mismos principios y prohibiciones constitucionales. El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar; el derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus formas a través de cualquier medio de comunicación, son derechos civiles para todas las personas sin excepción ni discrimen o diferencia de cualquier índole. Todo abuso y trasgresión de estos derechos por parte de periodistas, medios de comunicación o autoridades genera, responsabilidad acorde con la ley. Por ello, es mejor atemperar impulsos emocionales y eliminar sensacionalismos. Respetar la constitución y la ley, cuyas normas son un estatuto de límites que no se puede rebasar so pena de quebrar el orden social y afectar derechos individuales y corporativos.