Los ciudadanos han visto con buenos ojos la instalación del sistema de vigilancia durante las veinticuatro horas del día, lo que permite detectar hechos delictivos y conocer en qué circunstancias se dieron y quienes los cometieron. Enhorabuena porque eso brinda seguridad a la hora de emitir criterios y hacer acusaciones. Lo lamentable es que la institución uniformada no puede actuar de inmediato, precisamente porque en el centro de monitoreo, que funciona en el edificio municipal, no está asignado ninguno de sus miembros y no se cuenta con un equipo de comunicación para alerta simultánea sobre el ilícito que se está cometiendo. La Corporación de Seguridad Ciudadana, bajo la justificación de que el plan se financia con impuestos recaudados por el cabildo, defiende el funcionamiento de ese sistema en sus instalaciones y alega, o con cierta dosis de arrogancia, que el que pone la plata tiene la razón. Nada más errado cuando se trata de seguridad, porque los contribuyentes lo que necesitan es garantías, no polémicas que dejen en entredicho la labor que se cumple. Estando la segunda fase a punto de ejecutarse, en la parroquia Tarqui, es menester que se corrijan los errores, si los hay, y se establezca un diálogo para que ambas instituciones participen activamente en el programa, escuchando sus propuestas y llegando a acuerdos. Sólo de esta manera se podrá afirmar que el plan es un éxito. No se trata de ceder posiciones o de mantener antagonismo. Se trata de darle a los contribuyentes la explicación de que su dinero está siendo invertido en garantizarles la seguridad.