La nueva propuesta del Ejecutivo busca sancionar el tráfico ilegal de hidrocarburos y/ o sus derivados. Dentro del proyecto se determina que la persona que no esté legalmente autorizada para vender, ofrecer, distribuir o comercializar cualquier hidrocarburo o sus derivados incluido el GLP y biocombustibles, será sancionado con pena de tres a seis años de reclusión menor ordinaria. Además tendrá una multa de dos a tres mil salarios básicos unificados y el decomiso de los bienes y medios de transporte que sirvieron para cometer el delito. Mientras que el propietario o administrador de plantas de abastecimiento, almacenamiento, envasado, centros de distribución, comercialización, estaciones de servicio, que estén autorizados para el almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles, que colaboren o permitan dicho delito, serán reprimidos con una pena de prisión de dos a cinco años y una multa de mil a tres salarios básicos unificados además de la clausura definitiva del establecimiento. Así también, se determina que los que con intención de comercializar ilegalmente hidrocarburos sin cumplir con las normas técnicas y de seguridad, serán sancionados con una pena de prisión de uno a tres años, una multa de mil a dos mil salarios básicos unificados y el decomiso de los bienes utilizados para la ejecución del delito. Quienes alteraren los parámetros de calidad, cantidad, o el precio establecido por las autoridades de los derivados de hidrocarburos serán sancionados con prisión de dos a tres años. Asimismo, quienes utilizaren derivados de hidrocarburos, incluido los biocombustibles y el GLP (que se clasifica en gas de uso doméstico, de uso comercial, de uso industrial y vehicular), en actividades distintas a las permitidas serán reprimidos con un año de clausura del establecimiento. Mientras que para el que se apoderare de hidrocarburos, sus derivados, o biocombustibles, cuando sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, poliducto o a través de cualquier otro medio, o cuando se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo, serán sancionado con una pena de tres mil salarios básicos unificados y el comiso de los bienes utilizados en la ejecución del delito. El proyecto aclara que todos los bienes que sean parte de la expropiación por los delitos tipificados y sancionados anteriormente será entregado a Petroecuador, por orden legal del juez. El nuevo proyecto de Ley de Soberanía Energética e Hidrocarburífera, establece que en el artículo 32 de la Ley de Hidrocarburos “el Estado autoriza, de acuerdo con las formas contractuales, previstas en esta Ley, la explotación de petróleo crudo y/o gas natural libre, por lo tanto, los contratistas o asociados tienen derecho sobre el petróleo crudo o el gas natural libre que les corresponda según los respectivos contratos. Los contratistas que celebraren contratos para la explotación y exploración de hidrocarburos deberán suscribir contratos adicionales para la explotación de gas natural libre si encontraren en el área del contrato yacimiento de gas libre comercialmente explotables, siempre y cuando convenga a los intereses de las partes. El tema pasará a conocimiento de la Comisión de lo Económico, presidida por el diputado Salvador Quishpe, misma que deberá elaborar el informe para primero y segundo debate, tramite que no podrá ser superior a los 30 días, por haber sido calificado de urgente en materia económica.