Su motivación: la propuesta del Ejecutivo enviando a la Asamblea dos proyectos de leyes que modifican y generan impuestos a las herencias y a la plusvalía. 

La respuesta de los sectores sociales, cámaras de la producción y gran parte de la ciudadanía fue radical, oponiéndose a estos impuestos; y la discrepancia se trasladó a las calles, donde allegados y oponentes al régimen publicitan su poder de convocatoria aglutinando masas que demuestren su real poderío.

El tema aparentemente se congeló con el retiro momentáneo de su trámite de la Asamblea. Vendrán discusiones y justificativos desde cada bando y el resultado final que se dé a estos proyectos de leyes pareciera incierto, no obstante la postura radical del Presidente sobre los mismos.

Pero para muchos analistas estos dos proyectos han servido para dar paso a un renacimiento de la oposición; y a la fecha pareciera que se mantendrán en discusiones y se abrirán debates que las partes buscarán   para manifestar sus posturas. 

Pero fácilmente advierten que la gran batalla se centrará en las discutidas

enmiendas que los oficialistas se aprestan analizar.

La posibilidad de realizar cambios en la Constitución, modificar y gestar leyes importantes, ya se tramita en la Asamblea, que ha consultado a la Corte Constitucional si se trata de enmiendas o reformas, como lo establece la Carta Política. Lo principal de las 17 enmiendas que se anuncian a tramitar, se centra en dar paso a reelección, que a la fecha impide al presidente Correa a terciar en las elecciones del 2017 como candidato a la primera magistratura.

La Corte Constitucional ya dio paso, pronunciándose para que la posibilidad de reelección se realice vía reforma, aceptada por la Asamblea.

Y estos dos escenarios, la Corte y la Asamblea, en nada tienen el poder de confrontación ni coinciden con la gran aceptación que sobre una gran parte de la ciudadanía tiene el presidente Correa.

En contraste, estos estamentos están en mora con la ciudadanía. Y su poder de decisión en estos temas trascendentales va a ser muy discutible, porque sus integrantes, muchos de ellos, en lo personal, no responden ni generan un mínimo respaldo ciudadano.

Y esta aprobación, que requiere 92 votos de los asambleístas, como lo establece la Constitución (art. 441), será la verdadera confrontación que, se advierte, vamos a presenciar.