Un grupo de 63 militares y policías fue condenado a un año de pena privativa de libertad por paralizar los servicios públicos en la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en el entonces aeropuerto internacional de Quito, que luego fue trasladado a las afueras de la ciudad, durante los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010.