Además presentaron en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad sobre el reglamento de esta norma.

Según Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari, la ley (art. 47 y 51) anula los sistemas de agua de riego y de uso doméstico, y que el Estado intervendrá en todos.

“La normativa dice que el Estado a través de las juntas parroquiales y municipios intervendrá en todos los sistemas”, dijo Pérez.

Además pidieron en la  Contraloría General del Estado auditorías de la deuda pública, de los gastos de los enlaces sabatinos realizados por el Gobierno de Rafael Correa, y de los contratos de concesión de los ingresos de rentas petroleras y de las telefónicas.