HRW presentó ante la Corte Constitucional de Ecuador un "memorial de amicus curiae" junto con la Clínica de Derechos Humanos y Genocidio de la Benjamin N. Cardozo School of Law, en el que afirman que el decreto viola "las obligaciones jurídicas internacionales asumidas por Ecuador de proteger a refugiados y solicitantes de asilo".

"Ecuador debería ofrecer a los refugiados una oportunidad razonable de solicitar asilo. Ecuador tiene obligaciones frente a los refugiados, establecidas en sus propias leyes y en el derecho internacional, y debe cumplirlas", dijo en un comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

El documento "amicus curiae" busca apoyar el recurso iniciado en 2012 ante la Corte Constitucional por la organización no gubernamental Asylum Access Ecuador y la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito, que "objetaron la constitucionalidad de varios artículos del decreto", según HRW.

El documento presentado por HRW argumenta que el decreto "transgrede" derechos como el de "solicitar asilo y el principio de no devolución", pese a "la exigencia en el derecho internacional de que ninguna persona sea enviada de regreso a un país donde podría ser torturada o perseguida".

"El decreto presidencial impone plazos procesales breves e inflexibles que dificultan, o directamente imposibilitan, que solicitantes de asilo pidan el reconocimiento de la condición de refugiados y que, cuando sea necesario, apelen las determinaciones desfavorables con respecto a tal condición", alegó HRW.