Tras conocer la decisión judicial y cuando le fueron a poner las esposas, Galo Lara, quien fue sentenciado a 10 años de cárcel como cómplice de un triple crimen ocurrido en agosto de 2011, alzó la mano y dijo: “me las pongo con orgullo”.

 

El político ecuatoriano llegó a Panamá en septiembre de 2013 y un mes después el Gobierno del presidente Ricardo Martinelli le concedió oficialmente el asilo territorial, pero en mayo pasado se lo retiró en una decisión inédita en la historia diplomática del país.

La audiencia “de control” fue solicitada por el Ministerio Público (fiscalía general) para determinar la legalidad de la detención de Lara el pasado lunes.

La orden de prisión formal fue leída por el magistrado presidente de la Sala II Penal del Supremo, José Ayú Padro, quien dijo que procedía la solicitud de orden de detención porque esta tenía “motivos legalmente justificados” y porque no se infringieron otros derechos de Galo Lara. 

El exlegislador ecuatoriano aprovechó la audiencia para arremeter contra el presidente Rafael Correa, y aseguró que está en Panamá por haber denunciado sus actos de corrupción, y que si lo devuelven para Ecuador allí lo van a matar.

Lara está condenado a 10 años de prisión por presunta complicidad con una mujer de haber realizado un triple crimen en Quisanloma, Los Ríos. 

Uno de los abogados del equipo de defensa de Galo Lara, Javier Quintero, explicó a periodistas que con este fallo se formalizó la prisión preventiva de su defendido, lo cual significa, según él, que no puede ser sacado de Panamá hasta que se cumpla con el proceso regular de la extradición.

gobierno de ecuador. El canciller Ricardo Patiño en rueda de prensa indicó ayer que “no hay ninguna persecución política” sobre Galo Lara. 

“El señor ha sido condenado por un crimen y lo condenaron como cómplice de ese crimen, nosotros no tenemos nada que ver porque no es un tema político”, comentó.

Patiño también dijo que la solicitud de refugio que hizo José Nelson Brandao, abogado de Lara, no ha sido concedida.