Al tratarse de una norma que afecta a la Jefatura del Estado la ley requería una mayoría notable, que fue alcanzada sin mayor problema porque contó con el respaldo de los dos principales partidos españoles: el gobernante PP (centroderecha) y los socialistas del PSOE.

Los votos de otros diputados liberales y conservadores permitieron que la ley saliera adelante con 299 a favor, por 19 votos en contra procedentes de grupos de izquierda y nacionalistas de izquierda, y 23 abstenciones de los nacionalistas de centroderecha y de un socialista que rompió la disciplina de voto.

La ley pasa ahora al Senado, que la debatirá y votará el martes 17, tras lo cual se hará efectiva la renuncia de Juan Carlos de Borbón, quien la anunció al país el pasado día 2 y la justificó en que quería dar paso a una nueva generación, personificada en su hijo Felipe, capaz - afirmó - de generar impulso y esperanza.

En el debate previo a la votación, PP y PSOE coincidieron en que el reinado de Juan Carlos I, que comenzó en noviembre de 1975, ha sido fructífero y ha traído consigo la consolidación de la democracia y las libertades.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, elogiaron el papel moderador del rey y su labor de arbitraje.

Rajoy enmarcó en la normalidad constitucional la aprobación de la ley que permite la abdicación y defendió la Monarquía como la forma de Estado que mejor garantiza la continuidad y estabilidad de las instituciones, así como de la convivencia pacífica.

Pérez Rubalcaba garantizó el apoyo socialista a la ley para la abdicación porque con ello "se cumple la Constitución" y, además se reafirma la fidelidad de su partido al pacto que dio origen a esa norma de 1978.

La defensa de la monarquía parlamentaria por parte de ambos dirigentes se debe a que varias formaciones de izquierda y nacionalistas habían presentado textos alternativos a favor de un referéndum en el que los españoles decidan si quieren ese modelo o una república.

Los nacionalistas vascos y catalanes que se abstuvieron también pidieron que la llegada del nuevo rey dé paso a cambios en la estructura del Estado que permita que los ciudadanos de ambas regiones puedan decidir acerca de su propio futuro.

La izquierda, por su parte, pidió una consulta a los españoles para que decidan si quieren mantener la monarquía y volver a la república, un sistema que en España estuvo vigente en 1873-74 y que volvió en 1931 y acabó tras la guerra civil iniciada cinco años después.

El portavoz de Izquierda Plural (once diputados), Cayo Lara, subrayó que el pueblo es soberano y debería poder decidir qué forma de Estado quiere, al tiempo que aseguró que la sucesión de Juan Carlos I en su hijo Felipe es "una maniobra palaciega que se presenta como regeneración democrática pero es sangre nueva para una dinastía decrépita".

Los dos partidos mayoritarios - PP y PSOE - respondieron que la monarquía parlamentaria es el sistema que figura en la Constitución de 1978, aprobada mayoritariamente por los españoles y que si alguien desea modificar el sistema debe hacerlo por cauces legales, con una reforma de esa normativa.